Una insólita situación hay detrás de la solicitud de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para que aplique una multa cercana a los US$ 7 millones a Nestlé, por incumplir la sentencia 7/2004, donde el TDLC obligó a que las procesadoras de leche mantengan pautas de pago con el detalle de todos los parámetros que componen el precio.
Todo comenzó el 17 de abril de 2018, cuando el entonces presidente de Fedeleche, Rodrigo Lavín, sorprendió a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados —en el contexto del inicio de la discusión de las mociones sobre etiquetado de lácteos— reconociendo que Nestlé le pagaba a él, como productor lechero, una parte del precio de su leche "fuera de pauta", con Ítems no declarados públicamente por la compañía para todos sus proveedores. En ese momento Lavín justificó su confesión porque en unos meses dejaría de ser productor lechero. El comentario de Lavín fue registrado por la FNE (cuyo subfiscal nacional, Mario Ibar, se encontraba presente en la sesión), y dio inicio a una investigación "de oficio" que culminó con esta solicitud de multa al TLDC.
La discriminación de precios que favoreció a Lavín, y cuestionada por muchos de sus colegas por su rol de dirigente gremial, permitió que la Fiscalía determinara que al menos los últimos cuatro años, Nestlé no ha detallado en sus pautas todos los parámetros que componen el precio que paga por la leche fresca, lo que le ha permitido discriminar arbitrariamente entre ellos, pagando montos mayores a unos en desmedro de otros, tal como lo reconoció el propio Lavín siendo presidente de Fedeleche. De este modo, dice el requerimiento, la empresa creó un sistema de determinación de precios paralelo y complementario a sus pautas de pago.
La FNE logró establecer que la compañía no informó a todos sus productores la posibilidad y las condiciones bajo las cuales podían agruparse para obtener bonos por volumen de leche entregada, ni sobre otras bonificaciones sujetas a factores como la permanencia como proveedor de leche, el aumento en el volumen de entrega y la planificación del abastecimiento de este insumo.
En la Sentencia N° 7/2004, Nestlé ya fue condenada por discriminación arbitraria de precios en su condición de continuadora legal de la desaparecida Lechera del Sur.
