CMF INICIA INVESTIGACIÓN EN CASO PROLESUR, mientras minoritarios insisten en administración desleal ante la fiscalía
Intensas han sido las pesquisas en torno al caso Prolesur. Es que a la querella por administración desleal que presentó la Fundación Isabel Aninat, socia minoritaria de la compañía, en contra de los directores elegidos por la neozelandesa Fonterra, que controla a la firma lechera, se sumó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que inició una investigación por eventuales infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas, en paralelo a las pesquisas que lidera la Fiscalía Metropolitana Oriente.
El caso se remonta al 23 de enero de este año, cuando la Fundación de Beneficencia Isabel Aninat Echazerreta se querelló en contra de Gerardo Varela, Sergio Diez, Robert Spurway, Paul Campbell y Tomás Walker, todos directores de Prolesur, nombrados por Fonterra, a quienes acusa de haber condonado deudas a favor de So-prole, una firma relacionada a Prolesur, pues ambas son controladas por el grupo Fonterra. Mientras Soprole fabrica productos lácteos, Prolesur es su principal proveedora de leche, sueros, quesos y mantequilla. En el meollo del conflicto existen diferencias de precios respecto de contratos entre ambas.
Qué dice la querella
Todo partió, de acuerdo a la querella patrocinada por el abogado Gabriel Zaliasnik, cuando Juan Carlos Petersen asumió en 2015 la gerencia general de Prolesur, e inició una serie de trámites para regular el precio de transferencia que le pagaría So-prole a Prolesur, en su calidad de proveedora de aquella. Tras revisar los contratos y ventas del período 2016 2017, Petersen llegó a la conclusión de que Soprole les adeudaba $3.465 millones, por no haberse reflejado las condiciones reales de precios en el mercado.
Luego, el ahora exejecutivo, dice la querella, fue también mandatado por el directorio de Prolesur a revisar posibles diferencias para el período anterior a 2016, revisión que arrojó diferencias a favor de Prolesur por otros $5.364 millones del período 2012 a 2015.
Y además, Petersen propuso modificar los parámetros de precios de transferencia para 2018, tal como lo estipula el contrato que rige las relaciones comerciales entre Prolesur y Soprole. Con dicho cambio, los números le dieron al ahora exgerente que por el período entre enero y septiembre de 2018, Soprole le debía pagar a Prolesur otros $13.900 millones.
Pero Soprole tenía otros parámetros, que arrojaban números mucho más bajos para calcular los precios. Así, según la querella, en agosto de 2018 Soprole ofreció pagar $1.869 millones a Prolesur, para extinguir toda deuda del período 2016 y 2017. Y sobre el 2018, la firma láctea solo se pronunció en diciembre pasado, con un cálculo que para enero y junio de dicho año, correspondía un pago de $2.296 millones.
Los directores designados por Fonterra en Prolesur estuvieron por aprobar el pago de 2016 y 2017 con los números que Soprole consideró. Los directores de Prolesur nombrados por la Fundación, Sebastián Oddó, y Jaime Milic, además de Petersen, sostuvieron la idea de no aprobar dichos montos, por no haber razones para rebajar los valores, de acuerdo a la auditoría que el gerente había realizado. Recordaron que había mecanismos, como un arbitraje, para resolver estas diferencias, pero el directorio no accedió a activarlo por lo costoso y demoroso que podía ser dicho proceso.
El 26 de noviembre, Sebastián Oddó advirtió a los directores que la aprobación de la oferta de Soprole podía ser constitutiva del delito de administración desleal. Sin embargo, el 10 de diciembre de 2018, el presidente del directorio de Prolesur, Gerardo Varela, propuso votar la propuesta de recibir de parte de Soprole $2.547 millones para el período 2016-2017, y otros $2.296 millones para el 2018, propuesta que fue finalmente aprobada.
La defensa: la supuesta deuda jamás existió
La defensa de Varela, Diez, Spurway y Campbell, liderada por el abogado Julián López, y de Walker, que lleva el abogado Jorge Gálvez, tiene, por cierto, otra visión frente a las imputaciones de la Fundación y ha hecho llegar evidencia a la fiscalía sobre un hecho claro y, a su juicio, indesmentible: que esta querella está estructurada sobre una afirmación falsa, que consiste en que el directorio de Prolesur le habría condonado una deuda a Soprole. Fuentes cercanas a la defensa, afirman que esa supuesta deuda jamás ha existido. Lo que hubo, sostiene la defensa de los querellados, fue una negociación que no tenía por objeto ninguna deuda, sino la pretensión de modificar contratos vigentes entre las partes y que terminó en un punto intermedio entre la pretensión inicial de Prolesur y la de Soprole.
En la querella, que indaga directamente el fiscal regional de la zona Oriente, Manuel Guerra, han sido citados los directores y ex-directores representantes de la fundación Isabel Aninat, Enrique Alcalde Undurraga, Jaime Milic y Sebastián Oddó, y se ha requerido extensa información de correos electrónicos de Prolesur y Soprole. Sin embargo, aún no citan a declarar a los directores querellados, lo que podría ocurrir en los próximos meses.
Sin embargo, Andrés Montes, el fiscal de la unidad de investigación de la CMF, también ha hecho lo propio. Hasta ahora, ha citado a declarar a Petersen, así como a los directores de Prolesur, y ha pedido información en torno al despido del exgerente. Según sostiene la denuncia hecha llegar a la CMF por directores vinculados a la Fundación Aninat, se podrían configurar una serie de faltas al deber del directorio en el despido de Petersen, luego de que la decisión de desvincularlo la habrían tomado directamente Gerardo Varela y Robert Spurway, y no el directorio, como lo establece la ley. Esto es completamente refutado por la defensa de ambos directivos, quienes han hecho hincapié en que Petersen renunció voluntariamente, y de lo cual, dicen, hay una serie de pruebas para demostrarlo. Por ejemplo, que Varela no era director al momento de la salida de Petersen, lo que ocurrió el 22 de octubre del año pasado, ya que el exministro de Educación regresó a la mesa el 30 de octubre, luego de ser secretario de Estado.
La declaración de Petersen: Diferencias no solo no eran aceptadas por Soprole, sino que nos invitaba a no revisar los contratos
Petersen, uno de los hombres clave detrás de todo este embrollo, arribó a Prolesur en 2015, precedido de una carrera como gerente general en Manuka, una empresa productora de leche de capitales neozelandeses, según se lee en su declaración voluntaria como testigo hecha ante el fiscal Manuel Guerra, el 14 de febrero de este año. Su mandato, agrega, era darle mayor independencia a Prolesur de Soprole, su mayor y casi principal cliente.
En su declaración, Petersen explica que desde 2016 los parámetros de los contratos entre Soprole y Prolesur se revisan cada dos años. Y fue en ese contexto en que descubrió las diferencias. Cuando se revisaron dichos contratos, una auditoría realizada por EY concluyó que había ciertos ítems mal ejecutados dentro del contrato; por ejemplo, si el arancel promedio ponderado era parte del precio de mercado.
'Este proceso implicaba revisar la ejecución de los contratos para el período 2016 y 2017, en donde a partir de diversos análisis realizados (...) determinamos un monto relevante a favor de Prolesur que corregía las diferencias encontradas', plantea en su declaración. 'Quiero decir que estas diferencias no solo no eran aceptadas por So-prole, sino que la contraparte nos invitaba a no revisar la ejecución de los contratos, pese a que era algo explicitado en los mismos', agrega.
En cuanto a su salida de Prolesur, Petersen explica que 'si bien firmé un mutuo acuerdo, yo le insistí al señor Robert Spurway que quería quedarme en el cargo hasta concluir el proceso de negociación (...), lo cual no fue considerado y se me insistió en dejar la compañía antes de octubre, por parte del abogado Gerardo Varela, quien me explicó lo mismo por teléfono, frente a lo cual procedí a informar vía email a los directores de Prolesur', dice. Petersen fue reemplazado por Erich Becker, quien se desempeñaba hasta ese momento como gerente de Abastecimiento de Soprole, por lo que era la contraparte de Petersen en el proceso de negociación de precios.
'Normalmente, las relaciones entre la administración y el gobierno corporativo (directorio) de la sociedad eran buenas, y las propuestas de la administración para desarrollar la compañía se tomaban bien, se analizaban, y como regla general siempre fueron aprobadas (...). Lo que pude constatar en los dos procesos de negociación que me tocó participar relativos a los precios de transferencia y en la revisión de los contratos, fue de una menor fluidez y facilidad', concluye en su declaración.
Sin embargo, la contraparte acusa que Petersen no hizo una buena gestión: recibió la empresa en 2015 con utilidades por $6.254 millones y dejó la firma con una pérdida de $4.900 millones a septiembre de 2018, según los estados de resultados enviados a la CMF. Además, tienen como antecedente que en octubre de 2018, Petersen envió un correo a Soprole advirtiendo que si no aceptaban su lista de precios y reajustes al contrato 'no se harán cargo de un corte de suministro', lo que también está incorporado en la carpeta investigativa.
