Por Bruno Rubilar Gómez, presidente Aproval Leche AG
En octubre de 2017, cuando el Ministerio de Agricultura de la administración anterior nos invitó a exponer nuestra visión estratégica del sector lácteo, en el marco de la Comisión Nacional de la Leche, planteamos la necesidad de revisar y eventualmente perfeccionar la legislación anti distorsiones, ya que a nuestro juicio resultaba ineficaz para responder satisfactoriamente ante eventuales distorsiones generadas por la importación de productos (lácteos y otros).
Justo al mes siguiente, organizaciones gremiales de productores de leche de otras zonas del país formalizaron una solicitud de salvaguardias para enfrentar vía arancelaria las supuestas distorsiones que a su juicio representaba el alto volumen de importaciones de lácteos, cruzada en la que han contado con un gran respaldo de actores políticos a nivel nacional.
Sin desconocer el alto volumen de importaciones que vienen ingresando al país desde 2016, nuestro análisis técnico nos indicó que ese dato, por sí solo, no era suficiente para justificar un “daño” o “amenaza de daño” a nuestro sector como obliga demostrar la actual legislación.
Adicionalmente, las condiciones objetivas del mercado internacional y las restricciones de nuestra normativa para el uso de un mecanismo como la salvaguardia nos llevaron a la convicción de que no era el momento más oportuno para recurrir a esta herramienta.
Pero si bien no adherimos a esta solicitud, hemos seguido trabajando en sensibilizar a las autoridades y legisladores sobre la ineficacia de la normativa vigente (agrupada en la Ley 18.525 y su respectivo reglamento) y la necesidad de revisarla y modificarla para que llegado el momento en que realmente la necesitemos, esté disponible de manera eficaz y sirva para el objetivo que le dio origen.
Volvimos a plantear esta tesis en julio de 2018, ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y a fines de noviembre pasado formalizamos una presentación ante el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, tomando como base la experiencia que ha tenido esta petición de salvaguardias formulada por gremios de otras regiones del país y cuya tramitación (que ya lleva 14 meses sin una resolución), valida absolutamente nuestra tesis de su ineficacia.
Hace unos días, el ministro Walker nos ha manifestado su coincidencia respecto de las deficiencias en el funcionamiento de la Comisión de Distorsiones en esta coyuntura y que es urgente subsanar, ya que cuando realmente nuestro sector necesite su intervención, la normativa vigente podría resultar fatal.
