La crisis del sector lácteo no da tregua. En Asturias los precios continúan por los suelos y las explotaciones siguen acumulando pérdidas. La situación del campo asturiano no es excepcional. El fin de cuotas en marzo del 2015 ha sumergido a la Unión Europea en una guerra encarnizada por sobrevivir a la liberalización del sector. El impacto ha sido brutal. Desde España a Bélgica, Polonia o Lituania. Miles de ganaderos han tenido que cerrar sus explotaciones en el último años porque lo que les paga la distribución por la leche no les da para cubrir los costes de producción (30-34 céntimos/ litro).
La situación no mejora. Bruselas se consuela en las estadísticas, las mismas que indican que los precios bajaron en los últimos meses a un ritmo más lento. Pero caen. «No se puede decir que la crisis esté superada», apunta una fuente diplomática española. Esa es la realidad y el sector exige a la Comisión Europea que apague el incendio que prendió al dar el pistoletazo a la barra de libre de leche. Tras múltiples consejos de ministros, un paquete de ayudas de 420 millones de euros (25,5 para España) y la luz verde al artículo 222 de la OCM (Organización Común de Mercados Agrícolas), que permite al sector pactar un descenso de la producción, la situación sigue enfangada. Ni los ganaderos españoles, ni los franceses, ni los irlandeses quieren dar el primer paso y reducir el volumen. La maniobra puede dejarlos fuera del mercado.
Por eso el comisario de Agricultura, Phil Hogan, ha decidido acompañar la puesta en marcha del artículo 222 de la OCM con un esquema de incentivos económicos para aquellas explotaciones que reduzcan voluntariamente la producción láctea, tal y como pedían España y Francia. La propuesta se pondrá este lunes encima de la mesa del Consejo de ministros de Agricultura de la UE en Bruselas. ¿De dónde saldrán los fondos? Esta es una de las cuestiones que tendrá que aclarar el irlandés. «No se utilizará la reserva de crisis. Los fondos procederán de los márgenes del 2016 o incluso del anticipo del 2017. La horquilla de ayudas estará entre los 100 y los 500 millones de euros, quizá unos 300. Siempre sobre bases voluntarias, no se les puede forzar», aseguran fuentes diplomáticas antes de reconocer que la Comisión también tiene la intención de lanzar una medida para facilitar la liquidez financiera de las explotaciones.
De nuevo se librará una batalla entre las delegaciones nacionales y el Ejecutivo comunitario, extremadamente reacio a tomar medidas de control en el mercado. Francia, Alemania y Holanda han sido los países que han mantenido discusiones más intensas con Bruselas en las últimas semanas. El Gobierno galo volverá a invocar la necesidad de aumentar el umbral de mínimis, lo que supondría subir el techo al apoyo financiero que un Estado puede conceder a cada ganadero sin que sea considerado ayuda pública ilegal. España en este flanco va por libre. Según fuentes de la delegación, la ministra de Agricultura, Isabel Tejerina, es reacia a apoyar la propuesta porque «puede distorsionar la competencia» y beneficiar a aquellos países que disponen de márgenes presupuestarios más amplios para aumentar el gasto público. En otras palabras, Francia podría dopar con dinero a sus propios ganaderos para aguantar mejor la contienda.
