Cuando en el país la economía no logra reactivarse, el sector parece vivir un ciclo muy positivo que lo llevó a terminar el 2015 con un crecimiento de 5,6%, uno de los más altos del sector en los últimos 10 años y cerca de tres veces mayor que el promedio del resto de la economía, ello sin desconocer que hay rubros que están muy complicados, como el lácteo o el de los viñateros.
Cuando en el país, en los últimos meses la cesantía viene creciendo, en el sector no solo las cifras de desempleo son bajas, sino que la escasez de mano de obra fue uno de los problemas que los agroempresarios enfrentaron en la última temporada al punto de tener que dejar parte de su capacidad ociosa por falta de mano de obra.
Si a ello se suma que el dólar entró en un ciclo de alzas como no se veían hace años, la raya para la suma es que el ministro de Agricultura, Carlos Furche, en sus dos primeros años ha tenido, desde el ámbito económico (aunque ha debido enfrentar diversas catástrofes producto de eventos climáticos), una situación que le ha jugado a favor.
Así lo reconoce el ministro, quien recalca que en este período el sector ha consolidado su posición como un actor más que relevante en el desarrollo del país.
“Esa reafirmación del sector agroalimentario como un pilar significativo del desarrollo de Chile es un punto muy importante si uno atiende a las proyecciones de que en 10 años más podría exportar probablemente más alimentos que cobre. Si esas proyecciones se mantienen, la verdad es que debiera obligarnos a todos a cambiar la manera en cómo vemos al sector agroalimentario y como vemos el desarrollo”.
—Sumando lo agropecuario y la silvicultura, el sector sería el segundo puntal económico, después del cobre, pero ¿tiene un peso político equivalente?
-Todo depende de cómo uno evalúe peso político. Creo que en el Congreso hay un número muy significativo de parlamentarios que tienen en su percepción o en su preocupación al sector agrícola, pero creo que en la conciencia de la opinión pública media está muy lejos de ocurrir eso. Más bien, por mucha gente es visto como un sector marginal e incluso atrasado. Pero es todo lo contrario, es muy moderno, muy innovador y si uno mira la economía de Chile, especialmente desde la Región Metropolitana hacia el sur, es la base del desarrollo económico.
—Pero a nivel de la Presidencia y del Ministerio de Hacienda, ¿le reconocen ese peso? ¿Le cuesta a usted conseguir recursos, por ejemplo?
-Bueno, estamos en un cuadro restrictivo. No estamos en un cuadro de abundancia presupuestaria. En ese sentido para todos los ministerios sectoriales sin duda significa un gran esfuerzo obtener los recursos, porque este es un país que tiene múltiples necesidades. ¿Quién podría discutir la prioridad de invertir en salud, en educación o en infraestructura?
Desde luego soy optimista y espero que cuando esta situación mejore, en los años que vienen, el sector agrícola debiera tener un reconocimiento mayor desde el punto de vista de los aportes que se necesitan para el desarrollo de Chile.
—¿Un mayor reconocimiento también desde la política?
-A todo nivel. Desde la opinión pública hasta el análisis macroeconómico, la asignación de recursos sectoriales.
—Sin embargo, como usted mismo señala mucha gente lo mira como un sector marginal y atrasado. Incluso los trabajadores, que prefieren trabajos con menor remuneración, por ejemplo en un shopping, no solo por lo duro de la labor, sino porque considera que es de menor estatus.
-En parte es por lo duro del trabajo… Pero estoy de acuerdo en que, además, hay una connotación social y que se tiende a mirar en menos la labor en el campo. Pero hay también una cosa que es bien notable. Cuando se hacen las ferias de mundo rural o Ñam, la gente acude en masa y se queda sorprendida de la diversidad y de la calidad de alimentos que viene de pequeños productores. Se llevan todo. Pero creo que efectivamente el sector agrícola tiene una menor valoración en la sociedad.
—¿Cómo se cambia eso?
-Creo que no hay otra manera que sistemáticamente tratando de hacer visible su enorme aporte, la capacidad innovadora que hay ahí, la resiliencia que tiene. Es un sector que trabaja permanentemente con un mayor nivel de riesgo que otras actividades, porque hay variables que no se pueden controlar, como las de tipo climático o fitosanitario.
Potencia agroalimentaria, ¿Dónde está?
—Por años Chile ha tenido como lema convertirse en Potencia Agroalimentaria. ¿Se perdió ese objetivo?
-Personalmente no soy aficionado a los eslóganes. Desde el comienzo me pareció que a Chile Potencia Alimentaria había que agregarle un par de conceptos para hacer más concreta la afirmación. Básicamente el de ser una potencia agroalimentaria sustentable e inclusiva.
Entonces, para garantizar a Chile como potencia agroalimentaria necesitamos cambiar la escala de inversión en recursos hídricos, sin agua no hay agricultura. Eso vale cada vez más incluso hacia el sur.
Cuando decimos que hay que poner un foco en la agricultura familiar, para incorporarla en los sistemas más dinámicos, estamos diciendo inclusividad.
Y cuando decimos que tenemos que poner un foco fundamental en los temas sanitarios y de inocuidad, eso son las claves para el desarrollo de la agricultura en el futuro.
Esto lo uno con lo que vi en la última reunión de ministros de Agricultura de la OCDE, donde quedé con la sensación de que los temas que debatimos en Chile son los que se están debatiendo en el mundo. Me parece que los desafíos que enfrentamos son en general los mismos que señala el comisionado de la Unión Europea, el secretario de Agricultura de Estados Unidos, o el ministro de Japón o el de México.
—¿Cambio climático, seguridad alimentaria, vulnerabilidad productiva?
-Efectivamente. Por ejemplo, el cambio climático como un elemento que hace mucho más exigente el escenario para la producción de alimentos. Todos los que estaban allí se quejaban de la inestabilidad que le agrega a los sistemas de producción alimentario. Todos decían estamos en este cuadro, estamos en uno en que necesitamos producir más alimentos porque el mundo va a continuar demandado más, y en un escenario en que la disponibilidad de recursos naturales está limitada. Ya no hay una frontera agrícola enorme por incorporar; el cambio climático ha fragilizado los sistemas agroecológicos y, en consecuencia, necesitamos producir más con menos.
Agenda de productividad
—¿Cómo va a enfrentar, a partir de estos desafíos, los próximos dos años?
-Las líneas gruesas de lo que hay que hacer están trazadas. Uno siempre puede necesitar hacer ajustes. Pero me parece que los temas de recursos hídricos, los temas sanitarios, los de mercado, la incorporación de la pequeña agricultura a circuitos más dinámicos, la innovación, van a seguir siendo un eje fundamental. Pero, además, veo un último tema que es capital humano en el campo. Creo que esos son los ejes estratégicos de lo que se puede llamar una agenda de productividad para el sector agrícola para ahora y para los años que vienen.
Estatuto del Temporero
—Para el sector, el proyecto del Estatuto del Trabajador Agrícola tiene más impacto que el de la Reforma Laboral, pensando que solo entre el 20 y el 40% son trabajadores permanentes. Además, lo elaboraron a partir de mesas de trabajo donde se unieron privados y trabajadores. ¿Qué tanto de esa propuesta quedará en lo que se lleve a proceso legislativo?
-Tenemos el compromiso de enviar ese proyecto de Ley una vez que concluya la tramitación de la reforma laboral. Eso seguramente va a atrasar el trabajo. Sin perjuicio de eso, la base de lo que hemos venido conversando es lo que el año 2012 y 2013 trabajó la mesa laboral. Allí hay un conjunto de ideas positivas y relevantes y que van a ser incorporadas en el proyecto.
—¿Cree que contarán con apoyo parlamentario?
-Lo que nos hemos propuesto es hacer un trabajo prelegislativo intenso para así poder “aliviar” la tramitación una vez que ingrese al Parlamento. Tengo fundadas esperanzas de que es algo posible, precisamente porque hay una muy buena base previa de acuerdo con el trabajo de los años anteriores en la mesa. Pero desgraciadamente hay que esperar que concluya el proceso de la reforma laboral.
La inquietud por el Código de Aguas
—Por estos días se vota en la Comisión de la Cámara el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas, que genera gran incertidumbre en el sector. Uno de los temas que complica es el de la propiedad de los derechos de agua.
-Es un tema en el que admito que puede haber distintas opiniones. Pero a mí me parece que no hay nada que atente contra el derecho de propiedad, porque ¿quién podría decir que atenta contra eso el que los nuevos derechos se hagan a 30 años renovables bajo ciertas condiciones?
—Los agricultores consideran que eso provoca incerteza jurídica para las inversiones, que en el agro son a largo plazo.
-Me parece que ese es un argumento que no tiene un asidero en la realidad. Porque si a alguien esos 30 años le generan incertidumbre es porque la verdad está pensando en otro tipo de proyecto.
—El otro tema que está provocando incluso movilizaciones es el del caudal ecológico…
-Efectivamente, ese se ha transformado ahora en un punto de debate importante. Nadie puede discutir la necesidad de asegurar un caudal ecológico en las principales cuencas del país, sobre todo atendiendo que estamos en un escenario en que la disponibilidad del recurso hídrico se ha ido reduciendo. Esa es una verdad objetiva que muestran todos los datos estadísticos. Entonces, es una necesidad imprescindible.
—Más bien el temor de los agricultores es que va a generar un perjuicio a los dueños de derechos de agua.
-En realidad lo que se plantea en el proyecto es que el caudal ecológico tiene que ser sostenido sobre la base de los derechos de agua otorgados a partir del momento en que es establecido en el Código de Aguas. Entonces, se refiere a los derechos otorgados desde el 2005 en adelante, que es cuando aparece en el Código. Lo lógico es que todos los usuarios de la cuenca contribuyan con ese caudal ecológico.
A mí me parece que ahí hay una discusión que está en un lugar difícilmente sostenible en el debate. No hay cómo no abordar este tema como una base para asegurar los recursos para el tiempo que viene.
—Sin embargo, los agricultores en los últimos años, y según las zonas, vienen viviendo serios problemas para acceder a agua suficiente. Eso no se soluciona con modificar el Código.
-A mí me parece que aquí junto con hacer este trabajo de modernización del Código del Aguas hay que hacer uno de modernización de la institucionalidad. Nosotros constituimos un Comité de Ministros, con Obras Públicas, Minería, Energía, Medio Ambiente y el delegado de Recursos Hídricos y que debiera ser el germen de una nueva institucionalidad para los recursos hídricos.
—¿Una subsecretaría de recursos hídricos, por ejemplo?
-Todo el mundo ha señalado que podría ser lo adecuado para centralizar un conjunto de funciones que hoy están dispersas en distintas instituciones del aparato público y que hacen muy difícil tener una gestión integrada de los recursos, que es lo que necesitamos.
— Garantizar el futuro
-Está claro que Chile está ya viviendo el impacto del cambio climático, con lo que aumenta el riesgo de eventos catastróficos que obligan a enfrentar emergencias, que imponen una mayor presión a un presupuesto ya limitado.
-Lo que tenemos que hacer es adaptarnos al cambio climático. Y eso significa desde más inversiones en recursos hídricos, hasta el manejo de instrumentos de riesgo modernos, similares a los que se están aplicando en otros países, como la Política Agrícola Común de la Unión Europea y la Política agrícola de Estados Unidos, son básicamente programas de manejo de riesgos.
Desde el punto de vista institucional se constituyó en el ministerio una unidad de gestión integral del riesgo, asumiendo que el riesgo derivado del cambio climático se ha multiplicado. Ahí se integra el trabajo con lo seguros. Pero, estamos haciendo un esfuerzo de generar un segundo instrumento que es un seguro de tipo catastrófico y territorial, que se suma a los que operan para productos específicos y que es básicamente para enfrentar desastres como la sequía, las inundaciones… las heladas, que perjudican grandes extensiones territoriales.
De algún modo es, en el fondo, bajarle la presión a los presupuestos del ministerio, y fundamentalmente el del Indap, cuando tenemos situaciones de emergencia y poder enfrentarlas con un instrumento mucho más moderno.
—En los últimos años hemos visto que aumenta el riesgo de ingreso y proliferación de plagas. ¿El control no está siendo efectivo?
-Uno de los temas que se le atribuye al cambio climático es el cambio en el perfil y la intensidad de plagas diversas para la agricultura y la ganaderia. Y nosotros tenemos una situación adicional que es el aumento exponencial del flujo de personas, carga, con nuestros vecinos. Ese es un proceso que no se va a detener, solo va aumentar.
—¿Por qué no trabajar, por ejemplo, con los argentinos, que es de donde viene una fuerte presión con la mosca de la fruta?
-El director del SAG estuvo hace 10 días con su contraparte argentino y acordaron la constitución de cinco grupos de trabajo. Básicamente, estuvieron de acuerdo en que hay que hacer un trabajo en conjunto. Ante la presión biológica que viene desde el otro lado de la cordillera solo tenemos la posibilidad de hacer una reingeniería de control en frontera y de erradicación de las plagas, si es que se introducen a nuestro país.
—¿Un fondo de emergencia, como el que desde hace tiempo viene planteando la Asoex?
-Hay que ir un poco más allá. El 2016 respecto del 2015 el transporte de pasajeros aumento casi en 30%. Cada vez que una mosca de la fruta viene a nuestro país y se arma un pequeño foco, su erradicación cuesta al menos un millón de dólares. Este riesgo por la presión biológica tenemos que enfrentarlo con otro instrumental y con otra escala de recursos.
—Precisamente la necesidad de contar con recursos específicos y permanentes, por ejemplo, vía un fondo de emergencias como plantea la Asoex, es en lo que insisten desde hace tiempo los privados.
-Tenemos que reformular la escala de recursos con que operamos. Lo hemos estado conversando con el sector privado. Necesitamos generar el camino que nos permita, dándole garantías a todo el mundo, consolidar recursos públicos y privados. Para cambiar la escala y el método con que operamos para mantener nuestra condición sobre todo fitosanitaria, que creo que es donde hay un riesgo mayor.
Me parece que hay que cambiar la escala de recursos y que se requiere participación pública y privada para eso. Que tenemos que cambiar el método. Y que probablemente también tengamos que cambiar el instrumental.
Esto no es solo afrontable con recursos públicos. Tenemos que generar un mecanismo institucional que permita allegar recursos públicos y privados para enfrentar este nuevo escenario
