Esto es, manteniendo la prohibición de reemplazo en los puestos de trabajo de los empleados en huelga. A su vez, entre las indicaciones, se mantuvo que los beneficios pactados en las negociaciones colectivas solo puedan ser extendidos por los sindicatos a terceros trabajadores en acuerdo entre las partes, o a trabajadores que se afilien al sindicato.
Ante esto, las reacciones de empresarios de diversos sectores productivos no se hicieron esperar. “Vemos que las indicaciones no solucionan del todo los problemas que hemos planteado y persistirán sus efectos negativos sobre el buen funcionamiento del mercado laboral y la creación de empleo”, manifestó Alberto Salas, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Junto con esto, mencionó que las disposiciones presentadas por el Ejecutivo al Congreso “serán estudiadas en detalle por la CPC y sus expertos en la materia”, además de discutirlas en el comité ejecutivo, con todas sus ramas.
“Nos sentimos profundamente defraudados por la nula disposición del Gobierno a mejorar la reforma laboral”, fue la reacción de Hermann von Mühlenbrock, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), quien hizo un llamado a la Presidenta Michelle Bachelet para que lidere el diálogo que se requiere para alcanzar acuerdos en esta materia. “Como empresarios, hemos agotado todas las instancias, con ministros, en ambas cámaras del Congreso, y no hemos sido escuchados”, aseguró.
Por su parte, Juan Pablo Swett, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), dijo estar bastante “impactado” por la forma en cómo se acordaron las indicaciones. “Tal cual como estaban escritas, la verdad es que no se consideraron, ni menos se redactaron, ninguno de los puntos que pedimos las pequeñas y medianas empresas, y varios puntos que pedimos como comité laboral”, señaló. Y agregó: “Queda la sensación de haber conversado con una pared, donde claramente no fuimos capaces de mostrar lo negativo de muchos de los puntos que nosotros queríamos cambiar de la reforma tributaria”.
El presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), Juan Carlos Martínez, coincidió con Swett. “Sentimos que no han sido reconocidas nuestras peticiones y que no ha habido un diálogo realmente efectivo en ese sentido”, indicó.
Patricio Crespo, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), fue enfático: “Los empresarios no nos vamos a sumar a esto, y las consecuencias que va a tener. Que se hagan responsables los que quieren llevar al país por ese camino, incluyendo al Gobierno”.
Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), se refirió a los efectos que provocarán estas modificaciones legales. “Las indicaciones y las negociaciones que hubo no están dando cuenta de lo que hoy día el país necesita. (…) “No vemos que las indicaciones apunten a mejorar los niveles de productividad, que es un tema con el que estamos al debe en este país”, argumentó.
Por su parte, el presidente Ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, dijo que estos cambios legales dejan en evidencia la inexistencia de voluntad para entablar un diálogo por parte de los sectores que gobiernan el país. “El discurso político de algunos ministros que reconocen haber fallado en el diseño de las reformas no es más que eso: un discurso. No existe una verdadera voluntad política por dialogar con la finalidad de negociar y ceder espacio”, dijo el líder de las grandes mineras.
