El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, sacó al pizarrón al sector público y privado frente a la poca colaboración que prestan frente a las investigaciones de libre competencia.
El abogado expresó que como Fiscalía Nacional Económica (FNE) tienen que cuidar a la calle – entendida como los mercados que surgen del sistema capitalista – “de las empresas que se creen dueñas de un mercado”.
En el marco de la celebración del Día de la Competencia, otra tema que Irarrázabal criticó fue la necesidad de la colaboración de las partes y particularmente de sus representantes legales.
“No aporta que un abogado llegue hasta la fiscalía negando a priori cualquier efecto posible de una operación de concentración, o que ponga trabas a la entrega de información, con tablas de excel disléxicas. Que ejecutivos sufran cuadros de amnesia ante sus propios correos electrónicos, o que den respuestas incomprensibles y pueriles, a pesar de tratarse de ejecutivos educados y exitosos”, apuntó.
Los dardos también alcanzaron al sector público, donde la fiscalía pide que se le aumenten los recursos para contratar a más profesionales. Además, el personero señaló que “sufrimos a diario la poca sensibilidad de las instituciones públicas frente a los temas de libre competencia (…) hoy predominan los feudos y las visiones de túneles, y son escasas las experiencias de colaboración”.
Abogados se defienden
Ante las duras críticas de Irarrázabal, connotados abogados de libre competencia que participaron del encuentro salieron a defender su actividad.
“Puede haber personas que no se hayan ajustado a la nueva institucionalidad, pero de ahí a sacar conclusiones de que el empresariado se comporta mal o que no quieran acogerse a la normativa actual, creo que es un error muy grande y no es lo que yo estoy persiguiendo. Sólo hace daño esa lectura general”, expresó Cristóbal Eyzaguirre, socio de Claro & Cia.
En la misma línea, Nicole Nehme, socia de FerradaNehme, sostuvo que “no se puede estigmatizar. Hay culturas empresariales distintas y empresas muy colaboradoras”.
En tanto, el ex ministro del TDLC, Radoslav Depolo, señaló que la colaboración de los abogados y ejecutivos con la FNE dependen del tipo de investigación que se trate. “En caso de abusos de posición dominante y carteles es natural y obvio que las partes se resistan a cooperar. En las fusiones debería haber un mayor grado de colaboración”.
Por su parte, Jaime Barahona, abogado de Guerrero Olivos, sostuvo que “las empresas siempre tienen que estar preparadas para una investigación de este tipo, para ello tienen que tener programas de buenas prácticas”.
Mayores multas
En su discurso, el fiscal también expresó la urgencia de contar con un sistema de multas acorde al tamaño de la empresa infractora.
“No es razonable ni justo ni apropiado que una empresa grande que ha infringido la libre competencia, goce de una granjería que no dispone una empresa mediana o pequeña, cual es el tope de 30.000 UTA (US$ 26 millones), más cuando las multas máximas aparecen como irrisorias al lado de las posibles ganancias obtenidas”, aseveró y ejemplificó explícitamente con el “Caso Pollos”.
Frente a lo anterior, el abogado de Agrosuper, Luis Eduardo Toro, respondió que “la sentencia (del Caso Pollos) dice expresamente que no está establecida la existencia de un perjuicio, lo único que hay es una hipótesis, en consecuencia no me parece que sea irrisoria ni ridícula la multa, de hecho es excesiva”.
Con todo, para el fiscal “la multa justa y proporcional tiene que ser equivalente a un porcentaje de los ingresos que obtienen las empresas infractoras”. Asimismo, agregó que se debe potenciar la delación compensada, y para ello lanzaron una nueva guía, la que estará en consulta pública hasta el 30 de enero.
La propuesta del fiscal con respecto a las multas en casos de colusión tuvo el apoyo de los abogados presentes en el Día de la Competencia. De hecho Julio Pellegrini, presidente de la Comisión de Libre Competencia del Colegio de Abogados, afirma que “existe consenso en que los límites actuales de las multas no tienen un efecto disuasivo suficiente”.
PROYECTO DE LEY EN ETAPA FINAL
El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, aseguró que el proyecto de ley que busca perfeccionar el sistema de la libre competencia “se encuentra en la etapa final” y que la presidenta de la República entregará sus detalles próximamente.
Puntualizó que la iniciativa legal busca establecer un tope máximo flexible para las multas por colusión, un control preventivo a las operaciones de concentración, así como nuevas facultades a la Fiscalía Nacional Económica.
Según Céspedes, el proyecto dará las certezas necesarias para que las empresas y personas puedan emprender y hacer negocios.
El presidente del TDLC, Tomás Menchaca, comentó que es necesario “perfeccionar algunos temas que se podrían mejorar, manteniendo el sistema institucional que hoy tenemos y está funcionando”.
