Advierte que ante la propuesta del gobierno, que acaba de concluir el proceso de consulta pública y está en vías de una versión definitiva, se debe tener cuidado “porque está claro que todo en exceso es malo y se están yendo a un extremo”.
El abogado comenta que esta normativa traerá aparejado un costo enorme para las empresas.
“No tendrán que cambiar sólo el etiquetado, sino que las fórmulas de los productos. Es un costo que no sé si irá en beneficio de alguien, creo que es pura pérdida neta para el país”, asegura.
Sobre el trasfondo de la medida, Varela plantea que está de acuerdo con que se tiene que instruir y advertir, aunque manifiesta preocupación por “las prohibiciones y el alarmismo”, en circunstancias que el 70% de los alimentos consumidos en el país no tienen etiquetado, detalla.
Iansa y Soprole
En el caso de Soprole, Varela explica que tendrán que reformular los productos, a fin de mantener sus niveles de ventas, logrando así reducir al máximo posible el impacto de la medida.
“Soprole está en eso, tratando de bajar los contenidos de azúcar y grasas”.
En lo que respecta a Iansa sostiene que esto quizás implique reducir las importaciones de azúcar. “De todas maneras el negocio se achicará y se venderá menos”, puntualiza.
Precio de lácteos
Otra arista que está golpeando a Soprole es la acusación que enfrentan ante el Tribunal de la Libre Competencia por supuestas arbitrariedades en la fijación del precio de la leche para los productores.
Varela explica que no es posible tomar exactamente el precio internacional, pues sólo el 7% de la producción mundial cruza fronteras, por lo que, dice, el trading es menor.
Añade que la empresa tiene la obligación legal de tener una pauta de precios objetiva, transparente y objetiva.
“Estamos tranquilos de la forma en que operamos”, afirma el presidente del directorio de Soprole.
