La Federación Nacional de Productores de Leche hace algunas semanas presentó una demanda al Tribunal de la Libre Competencia, haciendo presente en ella que la Industria receptora de leche fresca no ha permitido que opere la libre competencia en la compra de leche al productor, causándoles perjuicios económicos por más de US$ 700 millones, en la ultima década.
Una de los principales requerimientos de los productores representados por Fedeleche, es que se transparenten los criterios que utiliza la Industria para fijar el precio de la leche fresca.
Esta última por su parte no ha reaccionado de manera oficial, a pesar de que ha habido situaciones que se pueden interpretar como reacciones, estas incluyen el anuncio de detener la recaudación de recursos para los gremios, que la Industria realizaba desde hace algunos años; un gran lobby con productores para señalar lo imprudente de la demanda y por último algunas bajas de precio sin mayores explicaciones y comunicadas de manera impersonal.
La posición de la Industria debiera ser una sola, debieran entender que cuando individuos, instituciones o empresas históricamente no logran ponerse de acuerdo en un tema especifico, cualquiera de ellos tiene pleno derecho a derivar a un tercero la problemática , para que éste con todos los antecedentes a la vista, falle en justicia.
Para ello existen muchas instancias institucionales que pueden hacerlo y recurrir a alguna de ellas, como el Tribunal de la Libre Competencia (TLC) en este caso, no constituye un portazo en la cara, una ofensa ni menos aún una declaración de guerra.
La Industria tiene la obligación de comportarse con ‘madurez’ empresarial y dejar que las cosas sigan su curso establecido, en el cual además ella puede contra argumentar con todas las garantías que el sistema le otorga.
Ante este tema tan complejo y profundo, lo único que esta fuera de discusión es que la leche es blanca, en el resto habrá que ver.
