Quienes trabajan en la agricultura, en cualquiera de sus múltiples formas, tienden a asociarse en cooperativas, fórmula muy común en Europa y en los países de América del Norte, pues aprovechan las múltiples ventajas que les reporta la asociatividad y mutualidad regulada, que ha constituido la base del enorme progreso económico de las empresas agrícolas en dichas regiones.
Las empresas cooperativas agrícolas y campesinas se encuentran al margen de las leyes que gravan las rentas, pues no las generan, de manera tal que no pueden generar riesgos y distorsiones de ninguna clase, por esta vía. En el Capítulo de las exenciones de la Ley de Cooperativas, se indican tres de ellas, a saber simplificadamente: a) el 50% de los impuestos fiscales; b) los impuestos de la ley de timbres en las operaciones efectuadas con sus socios, y c) el 50% de los impuestos municipales.
Resulta que las referidas exenciones, en las grandes cooperativas, solamente ayudan a los socios, en cuanto utilizan los servicios y bienes de la propia empresa cooperativa.
Los excedentes que generan las cooperativas, como su nombre lo indica, constituyen el sobrante de los ingresos habidos y destinados a sufragar los costos de la operación. Tal exceso cobrado a los socios en el desarrollo de la operación, les debe ser devuelto, en proporción al uso que han hecho de la cooperativa, razón por la cual estas empresas entran en la categoría de instituciones sin propósitos de lucro.
Gravar tales excedentes implicaría establecer un impuesto, no a la renta, sino a la asociatividad.
Si se desea cortar la leche que generan los productores asociados a las cooperativas lecheras, debería comenzar por reformarse la Constitución Política, en el capítulo referente al ejercicio del derecho de asociación.
