Las lecherías, tanto en Ñuble como en el sur de Chile, se enfrentan al pago de precios inferiores al valor internacional de la leche, lo que ha perjudicado su rentabilidad y ha obligado a los menos eficientes a cerrar.
Sólo en la provincia de Ñuble, en los últimos 25 años desapareció la mitad de las lecherías, al reducirse su número desde las 120 a las 60.
Esta semana, las declaraciones del presidente de Aproleche Bío Bío, Juan Pablo Aruta, volvieron a encender el debate sobre la situación de los pequeños productores, pues afirmó que en los últimos seis meses cerraron más de 40 lecherías en la provincia de Bío Bío, y advirtió que si no se mejoran las condiciones de comercialización se estaría ante el fin de la industria lechera regional.
Básicamente, existe un problema de transparencia en el mercado, lo que permite a los principales compradores, como Nestlé y Fonterra (Soprole), principalmente, pagar precios inferiores a los valores internacionales, pues según denunció Aruta, hoy se paga entre 225 y 230 pesos por litro de leche, en circunstancias que antes de comenzar el invierno dicho valor debió subir a $270.
La situación también ha sido denunciada por los productores del sur, quienes argumentan que pese a que el panorama mundial es muy positivo, por la alta demanda que exhiben los mercados nacional e internacional, los beneficios de las alzas de precios en el exterior no llegan en la misma forma a los productores locales.
El año pasado, la recepción nacional de leche creció apenas un 1,4%, mientras que se importó un equivalente a 410 millones de litros (principalmente queso gauda y leche en polvo), lo que corresponde al 20% de la producción del país.
En la Región del Bío Bío, según Odepa, la recepción de leche cruda cayó un 3,2% en 2013 respecto del año anterior, aunque el precio se incrementó en un 7,4%. Durante el primer semestre de 2014, en tanto, la recepción aumentó apenas un 0,1% respecto de igual periodo del año anterior, en tanto el precio subió un 12,5%.
Frente a este problema, la actitud del Gobierno ha sido más bien pasiva, mientras que las grandes empresas se han negado permanentemente a sentarse a negociar un sistema de precios justo, como sí ocurre con la remolacha, el arroz, el trigo candeal y la achicoria.
La respuesta de algunos productores medianos, en tanto, ha sido la de agregar valor a su producción, elaborando quesos y otros productos lácteos, lo que les ha dado más independencia frente a la fijación unilateral de precios.
Se hace necesario, entonces, que el Gobierno actúe por distintas vías, de manera de evitar que un sector desprotegido de la economía frente a los abusos, pueda sobrevivir. En primer lugar, se debe convocar a una mesa de trabajo con los grandes poderes compradores y los productores, de manera de lograr un mecanismo de fijación de precios transparente. Pero paralelamente, se debe instruir a la Fiscalía Nacional Económica para que investigue eventuales vulneraciones a la libre competencia; generar una legislación que mejore la transparencia del mercado lechero; y finalmente, apoyar con recursos a organizaciones de productores que deseen invertir en mejorar la productividad y agregar valor.
El objetivo de convertir a Chile en una potencia agroalimentaria no puede quedar en los discursos, y para su concreción, no basta con los esfuerzos individuales de los productores. En ese sentido, el Estado tiene un rol fundamental, no sólo como garante de la libre competencia, sino que también fomentando el desarrollo de esta industria.
