Dentro de los datos develados durante la primera audiencia, el ministerio público expuso que, dentro de las irregularidades cometidas por ambos Meyer, se encontraría que ambos habrían ocultado los libros de contabilidad y administración, estados financieros e información sobre la dotación de trabajadores.
Lo anterior habría conllevado a que el síndico de quiebra no haya podido establecer con exactitud el valor de los activos y pasivos de la lechera.
Al respecto se refirió el Fiscal especialista en delitos económicos, Matías Montero, quien relató que no sólo hay trabajadores afectados tras la quiebra de la Lechera, sino que también entidades bancarias y asociaciones gremiales, los también se hacen parte de la demanda, la que buscan de alguna manera recuperar lo perdido.
Durante la audiencia se debatieron medidas cautelares alternativas a la privación de libertad, tomando en consideración que los delitos en los que habrían incurrido los hermanos Meyer pasan, entre varios motivos, por la ocultación de información a Patricio Jamarne, quien oficia como síndico de quiebra.
A lo anterior se suma la apropiación de dineros como cotizaciones previsionales de los cientos de trabajadores, que tras ser desvinculados, iniciaron la frenética lucha por recibir los dineros que se le adeudan, entre los que se cuentan sueldos e imposiciones.
Cabe mencionar que los presuntos hechos habrían tenido lugar entre los años 2010 y 2012. “Dentro de los antecedentes invocados está un informe de la Superintendencia de Quiebras como otros antecedentes, tanto de la Brigada de Delitos Económicos como de declaraciones de uno de los imputados”, acotó el Fiscal Montero.
Se debe mencionar que a partir de ahora, tanto el ministerio público como la defensa tiene un plazo de 180 días para realizar la investigación correspondiente, no obstante ello, dijo el Fiscal, desde que el 1er Juzgado Civil de Osorno declaró la quiebra de Mulpulmo, los Hermanos Meyer mantienen prohibición de enajenar los bienes de la misma empresa láctea.
