Difusión

Demandas del gremio Fedeleche apuntan como "privilegiados" a grupos negociadores de productores

Acciones legales contra Nestlé, Soprole y Prolesur podrían dejar un insospechado damnificado: los grupos asociativos que por años han sido promovidos por las mismas asociaciones de productores.


Algunos colegas productores de leche lo consideraron casi un acto de valentía y heroísmo, pero otros, no pocos, vieron en la confesión del entonces presidente de la Federación de Productores de Leche, Fedeleche, Rodrigo Lavín, un comportamiento apartado de la ética, cuando el 18 de abril de 2018, en el contexto de la discusión de la Ley de Etiquetado de Lácteos, sorprendió a los asistentes a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, incluido el ministro de Agricultura, Antonio Walker, confesando que Nestlé le pagaba un sobreprecio por su leche que no se justificaba en la pauta de pagos “oficial” de la compañía y que ahora se atrevía a hacerlo público porque estaba por salir del negocio lechero en los meses siguientes.

Ante una confesión tan explícita, otro de los asistentes a esa sesión, el segundo de a bordo de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Mario Ibar, tomó nota de la autodenuncia y un mes más tarde la FNE inició una investigación de oficio sobre la discriminación de precios denunciada por el dirigente gremial de Llanquihue.

El resultado de la indagación: la FNE formuló en enero pasado un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en contra de Nestlé por incumplimientos de una de las instrucciones a la sentencia 7/2004: “Las empresas procesadoras de leche deberán mantener un listado de precios de compra, el que deberá detallar los diferentes parámetros que lo componen, con la debida información a los interesados”.

Con esta causa en marcha y en virtud de la misma investigación, en paralelo la FNE sorprendió a inicios de mayo pasado difundiendo un “acuerdo extrajudicial” al que había llegado con las empresas Soprole y Prolesur (ambas controladas por la neozelandesa Fonterra), las que reconocieron “la existencia de ciertos cumplimientos insatisfactorios en lo formal” a la sentencia 7/2004 a cambio de haberlos corregido en su política de compra de leche cruda y el pago de una multa a beneficio fiscal de $725 millones.
Demanda de fedeleche

Mientras el TDLC se aprestaba a ratificar o rechazar dicho acuerdo, el 18 de mayo recién pasado, Fedeleche sorprendió con dos demandas ante el mencionado tribunal: una en contra de Nestlé y la otra en contra de Soprole-Prolesur.

En el fondo, Fedeleche consideró insuficiente el acuerdo extrajudicial de la FNE con las filiales de Fonterra en Chile y apuntó los mismos dardos en contra de Nestlé, por lo que solicitó al TDLC imponer multas (también a beneficio fiscal) hasta por el 30% de la facturación de las divisiones “lácteas” de las compañías mientras duraron los supuestos ilícitos.

Hasta ahí todo parecía bien y en la lógica del gremio lechero de su lucha por la “transparencia del mercado lácteo” que cada cierto tiempo ha dirigido sus críticas a las empresas procesadoras.

Sin embargo, al conocerse los detalles de las demandas, llamaron la atención algunos fundamentos para explicar cómo venía operado la “discriminación de precios” de la leche por parte de las demandadas, ya que los dardos apuntaban, además, a la suerte de complicidad que habrían tenido los conocidos “grupos negociadores” (de carácter informal) y las “empresas intermediarias” (de carácter formal como Futurolac, Volcanes del Sur y Uprolac), que desde hace varios años vienen promoviendo la asociatividad entre los productores de leche de la región, a partir del fortalecimiento de su capacidad negociadora en grupo frente las industrias lácteas.

A medida que se han ido conociendo los entretelones de estas demandas promovidas por Fedeleche, aumentó la inquietud entre los productores de nuestra región y del país, especialmente a nivel de quienes forman parte de estos “grupos negociadores”,por saber las razones que hay detrás de esta gestión gremial, toda vez que cuestiona abiertamente el actuar de los productores que se han beneficiado de este mecanismo asociativo de negociación de su leche (entre los cuales figuran no pocos dirigentes gremiales), calificándolos como “productores privilegiados”, y además critica duramente a sus estructuras comerciales como las mencionadas en las demandas: Futurolac, Volcanes del Sur y Uprolac, que no sólo no “agregan valor alguno a la cadena productiva” sostienen las demandas de Fedeleche, sino que además imponen “algunos costos totalmente evitables”.
“equilibrar el poder”

Consultado por El Austral de Osorno, el presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago), Christian Arntz, declinó referirse a la demanda de Fedeleche, aún cuando esta federación menciona a su gremio como parte integrante en la demanda. El dirigente sólo señaló que “nos parece que los grupos negociadores, como precursores de una asociatividad más formal, como puede ser una cooperativa, son positivos y por ello los apoyamos y promovemos, ya que permiten equilibrar el poder negociador en un mercado con opacidades, tal como lo indicó el estudio Clapes UC que encargamos el año pasado. Estos grupos deben ser defendidos no sólo por lo antes dicho, sino porque además permiten la creación de nuevas empresas que pueden dar valor agregado a la producción nacional”.

Si bien el alcance de los grupos negociadores en la vecina Región de Los Ríos es marginal, las demandas de Fedeleche tampoco pasaron inadvertidas para la Asociación Gremial de Productores de Leche de Los Ríos (Aproval), organización que en 2016 renunció al referente nacional. Su director ejecutivo, José Luis Delgado, aseveró a El Austral de Osorno que “muchas veces estas gestiones tienen objetivos que no están explícitos y por lo tanto desconocemos a qué apuntan realmente, pero si uno se limita a lo que está escrito en las demandas, se observa un cuestionamiento al rol de los grupos negociadores de los productores y eso aparece contradictorio con lo que esta misma organización promueve”.

El lunes pasado, en Revista Campo de El Mercurio, Jaime Olivares, presidente de Uprolac, firma que agrupa a productores de Los Ríos y Los Lagos, manifestó su sorpresa por ser una de las empresas expresamente nombrada en la demanda de Fedeleche y aseveró que “la idea era poder negociar en grupo para obtener mejores beneficios para nuestros productores dentro de las mismas pautas de pago y ahora parece que (a Fedeleche) no le gusta”.

El revuelo ha sido tal, que el 10 de junio Fedeleche se vio presionada a organizar una videoconferencia a cargo de su asesor jurídico, Tomás Menchaca, quien intentó explicar a los productores que las demandas no apuntaban a cuestionar a los grupos negociadores. Si bien no hubo una versión oficial del “encuentro”, algunos participantes apagaron sus computadores y dispositivos móviles no muy satisfechos con las explicaciones.
Reacciones

Al respecto, desde Fedeleche explicaron que producto de que en 2018 la FNE abriera una investigación sobre el mercado de compra de leche cruda y los posibles incumplimientos que estuvieran generando las industrias, donde el resultado hizo que la FNE ingresara en enero de este año un requerimiento en contra de Nestlé ente el TDLC, mientras que en mayo llegó a un acuerdo extrajudicial con Soprole y Prolesur, este gremio consideró que debía hacerse parte de los procesos judiciales.

“Aún en tiempos complejos nuestro compromiso gremial nos obliga a hacernos parte de estos proceso jurídicos, iniciados por las entidades encargadas de velar por la competencia, siendo coherentes y consistentes con nuestra visión y objetivo de que el mercado de compra de leche funcione de manera transparente, competitiva y no discriminatoria para todos los productores de leche”, señalaron. .

Además, descartaron tajantemente cualquier daño a los grupos asociativos, asegurando que es una interpretación errónea que busca dividir la unión entre los productores y el gremio, ya que las acciones legales están dirigidas hacia las empresas aludidas y que seguirán impulsando la asociatividad.

Desde Prolesur indicaron que la propia FNE manifestó en el cierre de su investigación que no arrojó antecedentes que revelen que las sociedades procesadoras trataran de modo disímil a productores que se encontraban en igual o similar situación, aplicando tales condiciones de modo selectivo.

“Lo anterior ratifica que no ha existido discriminación arbitraria alguna por parte de Prolesur en ninguna materia, y en particular, en lo que a precios por litro de leche se refiere”, indicaron.


El TDLC aprobó el jueves el acuerdo extrajudicial al que había llegado el 4 de mayo la FNE con las dos compañías de capitales neozelandeses (Fonterra) y que implicarán el pago de una multa de $725 millones entre ambas empresas, además de haber reconocido los incumplimientos a la sentencia 7/2004 y haberlos corregido desde el punto de vista de los organismos antimonopolios. En su resolución, el TDLC sostuvo que “las obligaciones asumidas en el Acuerdo Extrajudicial cautelan la libre competencia, toda vez que son proporcionales y suficientes para poner término a la investigación de la FNE”. Aunque la aprobación de este acuerdo es un balde agua fría para las pretensiones de Fedeleche, desde el punto de vista administrativo la demanda sigue su curso.


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